El Poder Ejecutivo emite el decreto 285-23, que prohíbe la matanza, recolección de huevos y comercialización de tortugas por un periodo de 10 años. El texto complementa la Ley 64-00, y sirve de herramienta al ente regulador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para ordenar los esfuerzos de conservación de esta especie en peligro de extinción.
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